La directora nacional del Servicio de la Mujer y la Equidad de Género, Priscilla Carrasco Pizarro, y la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, suscribieron un convenio de colaboración entre ambas instituciones con el fin de realizar un trabajo conjunto para apoyar los casos de mujeres imputadas y condenadas que hayan sido víctimas de violencia de género en alguna etapa de su vida, coordinar su atención por estas vulneraciones, otorgar información sobre sus derechos y para velar por su defensa con perspectiva de género en los casos que corresponda.

Este trabajo en conjunto, se enmarca en la Ley N° 21.675 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra las Mujeres, y el marco internacional de los derechos humanos de protección a las mujeres, especialmente consagrado en la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Con la firma de este acuerdo, el SernamEG pone a disposición su oferta de atención en violencia de género y de sus programas para la promoción de la autonomía económica para disminuir las brechas que en esta línea, afecta principalmente a las mujeres.

“Queremos sellar un vínculo que refuerce la defensa de las mujeres con enfoque de género y derechos humanos, mirando el sistema de forma distinta y apoyando especialmente a quienes viven en contextos de mayor vulnerabilidad. Nuestra institución está al servicio de todas las mujeres, e instancias como éstas nos impulsa a concretar acciones que incluyan, desde un análisis más contextual, a las mujeres privadas de libertad”, indicó la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco.

Por su parte, la Defensoría Penal Pública, mediante este acuerdo, refuerza su compromiso con la perspectiva de género en su actuar en la defensa y entrega de información.

“La perspectiva de género en la defensa pública de mujeres implica considerar las desigualdades y dinámicas de poder que afectan a las mujeres en el ámbito penal, ya sea como imputadas, condenadas o como víctimas de delitos” detalló la Defensora Nacional, Verónica Encina, destacando que “como Defensoría Penal Pública tenemos un compromiso con la defensa de género y a través de nuestra defensa especializadas, buscamos garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad y promover la igualdad en el acceso a la justicia”.

En este contexto, reiteró, “como institución hemos generado alianzas y diferentes convenios y colaboraciones con otras instituciones para fortalecer el enfoque de género en la justicia penal, y por ello lo que hoy sellamos es muy importante para nosotros”.

Por último, aseveró que “paralelamente, como servicio nos hemos comprometido con la Ley Karin, que busca garantizar relaciones laborales basadas en el trato libre de violencia y con perspectiva de género. Esto implica adoptar medidas para promover la igualdad y erradicar la discriminación en el ámbito laboral, y en eso estamos trabajando firmemente”.

La colaboración entre ambas instituciones se articulará, a nivel nacional y regional, a través de una mesa de trabajo.

Gestión de la Defensoría

El Informe de Gestión de la Defensoría Penal Pública del año 2024, indica que, del total de atenciones en la defensa de causas, un 19,7% corresponde a mujeres, del total de personas indígenas un 16%, del total de adolescentes un 14.9% y de los casos que corresponden a actos de violencia que se produce al interior de los penales en 67 de ellos las afectadas han sido mujeres.

Además, considerando la importancia de la categoría de género en todas las actuaciones del Estado, la Defensoría ha incorporado en sus estándares de defensa general esta dimensión, y mantiene Pilotos de defensa especializada de igualdad de géneros, para avanzar aún en una mayor especialización en la atención a las mujeres y comunidad LGTBIQA+.